Podemos afirmar con absoluta certeza que ninguna de las personas que sufrieron esta situación suponían el menor riesgo físico para el monarca, y que el despliegue policial y su lamentable actuación no hacía más que responder a una censura y a prohibir a determinadas personas poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos.