No es un drama bíblico, ni una plaga: es la consecuencia de muchos años de abandono de las políticas de vivienda – que recordemos que es un derecho amparado por el art. 47 de la Constitución – por parte de las distintas administraciones competentes: el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado. Han sido décadas de incurias y negligencias, en favor de la iniciativa y de la especulación privada de la vivienda y el suelo.
