Ante una situación de emergencia, como la actual, es urgente que todas las políticas, decisiones y medidas que se adopten se realicen desde una óptica que garantice los derechos de todas las personas, su salud, bienestar y dignidad; con una mirada específica a todas aquellas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad. Las desigualdades estructurales no pueden suponer un obstáculo en la salvaguarda de los derechos.