Entre las firmas, se encuentran reconocidas académicas, investigadoras, activistas feministas, trabajadoras del sexo y profesionales de todo el Estado que muestran su rechazo a la iniciativa legislativa abolicionista del Gobierno y su apoyo a las movilizaciones previstas este 4 de octubre en Madrid, convocadas por el movimiento pro-derechos.
El Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto 23 sanciones a funcionarios de la Policía local por mala praxis entre 2010 y 2021. La difusión cada vez más frecuente de la identidad de una persona investigada por parte de las autoridades vulnera la presunción de inocencia
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) publicamos hoy, con motivo de la celebración mañana del día de La Merced, patrona de las prisiones, una Guía para la Vida en Prisión, destinada a conocer los recursos que existen para las personas presas y sus familiares, los derechos y los deberes de la población privada de libertad, y facilitar claves y herramientas para asegurar el acceso de las personas internas a sus derechos.
Escuchar las peticiones y quejas de las personas presas puede darnos una información muy valiosa sobre la situación de nuestro sistema penitenciario.
La organización denuncia que “los hechos responden claramente a una declaración de guerra contra las personas migrantes por parte de nuestros gobernantes” y recuerda que no es la primera vez que sucede. Así, señala el caso de Hayat, la joven de 24 años que murió en el tiroteo efectuado por las fuerzas armadas de la Marina Real marroquí, a una patera que se dirigía hacia las costas españolas en septiembre de 2018.
Ni el Gobierno marroquí ni el español esperan una reacción social de calado tras el asesinato de una mujer en la frontera porque creen que la asesinada era una sin nombre, una don nadie, alguien que no nos importa. De nosotras depende demostrar hasta qué punto se equivocan.
Desde la Asociación Pro Derechos de Andalucía participamos en este proyecto con el objetivo de fortalecer la colaboración, el intercambio de conocimientos y la creación de redes en el ámbito de la protección de los derechos de las personas migrantes, a través de la práctica de la asistencia jurídica voluntaria entre estudiantes universitarios y activistas de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo.
Actualmente, no existe una información clara sobre los derechos laborales de los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, ni transparencia sobre la información de los convenios existentes, lo que permite a las empresas saltarse sus derechos.
Constata el gran impacto de la crisis sanitaria en los colectivos sociales más vulnerables y el incremento de las dificultades en el acceso a los limitados recursos
Se trata de establecer pedagogías y metodologías lo suficientemente abiertas, cohesivas y no marcadas para integrar a todas y que nadie se sienta discriminada ni en los márgenes.
