La situación del CIE de Tarifa se ha denunciado desde su creación, primero por su alegalidad y después por las deplorables condiciones del mismo por ONG, grupos políticos, Defensores del Pueblo, etc
No tienen ninguna alternativa o prestación que preserve su dignidad humana. Exigen una investigación y una revisión radical del acuerdo de contratación
Philip Alston, exrelator de la ONU para la pobreza extrema, publica un contundente informe sobre su visita oficial a España hace cuatro meses, donde destaca la situación de varios colectivos vulnerables, como los jornaleros inmigrantes, las empleadas domésticas o la población gitana
El Defensor del Pueblo Español (DPE) ha admitido a trámite la queja que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía interpuso y examinará las dos muertes producidas en la comisaría de Algeciras (Cádiz) en el primer semestre de este año”. El defensor ha puesto el asunto en manos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de él, que “realizará una visita a la Comisaría Local del Cuerpo de Policía Nacional en Algeciras donde murieron bajo custodia policial Imad Eraffali y Daniel Jiménez”.
Podemos afirmar con absoluta certeza que ninguna de las personas que sufrieron esta situación suponían el menor riesgo físico para el monarca, y que el despliegue policial y su lamentable actuación no hacía más que responder a una censura y a prohibir a determinadas personas poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos recabado el apoyo de 66 organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran diversas entidades de defensa de los derechos humanos de ámbito europeo, para exigir la liberación de los 110 presos políticos marroquíes que hasta marzo se encontraban privados de libertad por la expresión legítima de sus opiniones.
Desde la Asociación Por Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) criticamos la medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Cádiz “que obliga al Ayuntamiento a retirar la bandera arcoíris de sus balcones”, tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos.
Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestra su firme compromiso en la defensa de las vidas y derechos de las personas LGTBI+ y, con Orgullo, reivindicamos y visibilizamos nuestras diversidades para seguir tejiendo redes, puentes y alianzas entre quienes construimos sociedades más libres e iguales y como voces de resistencia frente a quienes quieren armarios, criminalización, miedo y odio. Frente a sus odios, alianzas.
Sindicatos y organizaciones sociales señalan la falta de control y la precariedad como causa del millar de contagios detectado principalmente entre trabajadores de dos compañías españolas
