Las asociaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las movilizaciones protagonizadas por trabajadoras sexuales de Andalucía para reclamar soluciones y medidas que palíen la terrible situación en la que viven. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto de forma exponencial las debilidades y fracturas existentes en nuestra sociedad. Son muchos los colectivos a los que la pandemia ha sumido en la pobreza extrema. Es el caso de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen la prostitución.
Las organizaciones sociales señalan que la campaña se hacía eco de una movilización estatal en la que se pedía justicia climática y social. Denuncian que la sanción, además de ser desproporcionada, vulnera el derecho a la libertad de expresión.
Desde el Área de Solidaridad de la APDHA, junto con el Comité Óscar Romero, comenzamos una campaña para que el Ayuntamiento de Cádiz derogue el premio Cortes de Cádiz a las Libertades que en 2009 le fue concedido, por el Gobierno municipal presidido por Teófila Martínez, al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
La queja se interpuso debido a la situación de calle en la que quedaron dieciséis ciudadanos extranjeros tras su salida del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril el pasado mes de mayo
APDHA Córdoba acompañó legalmente al padre de la menor, impugnó la declaración de desamparo realizada por la Junta de Andalucía y reclamó celeridad en las pruebas de paternidad. La organización denuncia que esta práctica vulnera los derechos de otras personas menores de edad subsaharianas que llegan a nuestras fronteras por vías irregulares
Europa revisa la recogida de información sobre las personas presas y la gestión de sus expedientes, el tratamiento de las mujeres y las personas extranjeras, y el uso de medidas especiales de alta seguridad, entre otras cuestiones
la asesoría jurídica del área de cárceles de la APDHA ha seguido prestando sus servicios durante los tiempos de confinamiento, aportando calma y asesoramiento para atender la preocupación de muchos familiares de personas presas. Desde el inicio del estado de alarma, se han atendido a 12 personas entre familiares y personas reclusas, se han realizado un total de 12 visitas a los centros penitenciarios de Puerto I y Puerto III una vez volvieron a abrir las puertas de la cárcel, la vida en prisión no se detiene y nosotras tampoco.
La construcción de apartamentos turísticos en el Casco Histórico de la ciudad está agudizando el crónico problema de la falta de viviendas asequibles en Cádiz. Es el Casco Histórico el que concentra más del 75% de las viviendas con fines turísticos, una tendencia que va en aumento. En zonas como San Francisco-Mina, Candelaria y San Juan las plazas de hospedaje superan el 20% del total del parque de vivienda: una desnaturalización de estos barrios insoportable
A un año del fallecimiento de Marouane Abouobaida en el CIE de Valencia exigimos justicia, responsabilidades y reparación. Denunciamos que en la historia de estos Centros se han producido más de 11 muertes, en la totalidad de los casos sin el debido proceso de investigación, justicia y reparación a las familias de las víctimas. Confirmamos que el racismo institucional no ha hecho cuarentena; continúa la apertura de órdenes de expulsión y devolución y los CATE y CETI siguen encerrando sin garantizar condiciones de habitabilidad ni de respeto a los derechos humanos. Demandamos que los CIE hoy vaciados no pueden volver a abrir
