Exigimos la protección de las personas migrantes en nuestro país frente a los peligros de la pandemia de coronavirus, así como la garantía de sus derechos fundamentales
Se necesita con urgencia una ordenanza que regule y limite las viviendas con fines turísticos en Cádiz. En esta situación de alarma sanitaria, se agudizan los problemas de emergencia habitacional en ausencia de control de las viviendas turísticas
Ante una situación de emergencia, como la actual, es urgente que todas las políticas, decisiones y medidas que se adopten se realicen desde una óptica que garantice los derechos de todas las personas, su salud, bienestar y dignidad; con una mirada específica a todas aquellas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad. Las desigualdades estructurales no pueden suponer un obstáculo en la salvaguarda de los derechos.
En plena emergencia mundial, debida a la pandemia producida por el “coronavirus”, que estamos padeciendo la humanidad, el Gobierno de Estados Unidos ha acentuado el cerco económico contra Venezuela, Cuba e Irán, impidiendo que diversos organismos internacionales puedan surtir de alimentos y medicinas a estos países, por temor a las amenazas y represalias. A esto se suma, además, que el Gobierno de Venezuela pueda rescatar a ciudadanos venezolanos que se encuentran retenidos en otros países debido a la sanción impuesta contra la línea aérea venezolana CONVIASA.
Familiares de personas presas, muy preocupadas por la propagación del coronavirus en las cárceles y por la situación de indefensión de sus seres queridos, instan al Ministerio del Interior a tomar medidas de carácter urgente.
Las organizaciones, impulsadas por la Plataforma Defender a Quien Defiende, exigen que se investiguen, al menos, cuatro situaciones de violencia institucional.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha alertado sobre la posible llegada de un conflicto social si no se soluciona la carencia de ingresos mínimos en numerosos colectivos que se sustentan gracias a la economía informal y que, en estos momentos, se encuentran al margen de las ayudas del Gobierno. La organización plantea la aplicación de una Renta Básica, como mecanismo para garantizar los mínimos vitales de numerosas personas y evitar así la grave crisis social que se avecina.
Muchas personas se convertirán en nuevos pobres sumándose a amplias capas de nuestra sociedad. Cuando muchas familias pierdan gran parte de sustento económico se verán obligadas a obtenerlo mediante las formas más individualistas y primitivas. Las administraciones públicas, hoy más que nunca, deben decidirse junto a quiénes van a estar. Por ello serán juzgadas y recordadas
El pasado día 13 de marzo presentamos un comunicado desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE donde exigimos al Estado español el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros y la puesta en libertad de las personas retenidas, ante el avance de la pandemia del CoVID-19. Asimismo, solicitamos al Consejo General del Poder Judicial que se libraran instrucciones de no ordenar nuevos internamientos atendiendo a la imposibilidad de ejecución de las expulsiones o devoluciones.
Ambos posicionamientos tienen lugar después de una queja interpuesta ante esa institución por más de 50 organizaciones europeas. Las organizaciones solicitan al Parlamento Europeo que adopte de inmediato la declaración emitida por el Consejo de Europa
