Quedarán en una gravísima situación de abandono y exclusión Exige a la Junta que dé marcha atrás en su decisión. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) mostramos nuestra “máxima preocupación” por la decisión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía de recortar el número de plazas de los recursos de protección de menores
Las peticiones Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Atsasuko Gurasoak y Sare Herritarra de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas para hacer frente al covid-19 han contado con la adhesión de todos los sindicatos de Navarra, buena parte de los partidos políticos y hasta 24 asociaciones.
Asegura que la pandemia ha constatado que necesitamos servicios públicos de calidad. Denuncia la sangría de recursos de la escuela pública, la supresión de unidades y el apoyo a la privatización
La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido hoy a la Fiscalía que persiga a los ayuntamientos que obstaculizan e impiden el empadronamiento de las personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas y que tienen el derecho de ser empadronadas en sus infraviviendas, tal como autoriza el BOE de 2 de mayo.
El pasado 24 de febrero, el senador de Compromís Carles Mulet se dirigió al Gobierno a través de una pregunta parlamentaria que hacía referencia a uno de los asuntos que tradicionalmente pasan desapercibidos para la opinión pública como consecuencia de la dejadez -intencionada o no- de los medios de comunicación de mayor difusión, tanto a escala nacional como autonómica: los casos de tortura o malos tratos registrados en las instituciones penitenciarias de todo el Estado.
Esta mañana numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”.
#72AñosNakbaPalestina El 15 de mayo se cumplen 72 años desde que el Estado de Israel comenzase la estrategia de limpieza étnica a través de la violencia y el terror contra el pueblo palestino. Este proyecto sionista ha expulsado a más de 7.000.000 de palestinos y palestinas y continúa ejerciendo prácticas racistas y contrarias a los Derechos Humanos como son los asentamientos, el no reconocimiento del derecho al retorno de las personas refugiadas y el apartheid contra quienes siguen resistiendo en el territorio
El Defensor del Pueblo urge a Interior trasladar a la península al menos a los niños, así como a las mujeres solas por ser "especialmente vulnerables" debido al riesgo de violencia sexual y machista en el saturado centro
