El caso de Manuel, que pasó año y medio en una cárcel de Tenerife con una discapacidad del 68% tras aceptar una rebaja de la condena que no comprendía del todo, refleja las conclusiones de un estudio de Plena Inclusión: sólo al 31% de esas personas condenadas a prisión se les tuvo en cuenta su diversidad intelectual en el proceso judicial
